Habrás visto esta foto muchas veces. Tamara Lezcano fué protagonista personal de un despido arbitrario por pate del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Si no es asi te invito a repasar brevemente su historia y luego seguir con otra historia, de la cual como siempre, me siento corresponsable: http://www.youtube.com/watch?v=KxpeujGQTTA
Porque ésta historia que te quiero contar ahora no se trata de Tamara. No personalmente de lo que le pasa a ella al menos. Si porque se trata de una lucha colectiva que representa como Delegada Gremial de ATE Capital. http://www.atecapital.org.ar/
La historia corresponsable de hoy pertenece a Ernesto Abud, cuya mayor referencia, ademas de trabajador del sector Estadistica de la Ciudad, es ser hijo de....( ). Te dejo un poco la incognita para que investigues por tu cuenta y porque ese no debería ser el primcipal problema que nos ocupara: LOS HECHOS DE LOS PADRES TRASLADADOS A SUS HIJOS. Los corresponsables de éste sitio saben muy bien como pienso y como intento rescatar nuestra historia reciente, no hace falta redundar, por eso solo te dejo una perlita que espero que disfrutes, si no lo hiciste ya: http://www.youtube.com/watch?v=toIPARJ5iJg
Hoy, uno de esos "millones" necesita nuestra atención y por eso te invito a leer y analizar: En primer lugar la nota con Tamara Lezcano y luego, como sé que no lo vas a leer de una, si no cuando te choques en situación de saber mas sobre el asunto, agrego algunos antecedentes aportados por el propio Ernesto, quien me debe su foto. Un elemento mas de su identidad que espera ser construido históricamente. Desde éste lugar, esperaremos pacientemente que asi sea, junto con el recupero de su trabajo.
1-¿Por dónde
abordar un episodio como éste?
A primera vista no parece ser un mero
tema laboral en el sentido estricto de la figura, ¿verdad?
En primer lugar es un caso de discriminación y
de persecución política. Ernesto ademas de ser un exiliado político, victima
del terrorismo de estado, en la actualidad es un activista gremial en el lugar
de trabajo. Durante el 2013 fue muy fuerte la persecución a los trabajadores
que nos organizamos gremialmente para defender nuestros derechos. A mi me
despidieron, siendo la delegada general de la junta interna y a Ernesto, por
ser parte del equipo de trabajo del delegado de Organización Martín Rampoldi,
lo trasladaron a Rentas. Esto fue un claro intento de desarticulación del
edificio mas activo de Estadística, que se encuentra en la calle Bartolomé
Mitre. Ernesto y el resto de sus compañeros trasladados, si bien no son delegados,
están reconocidos como afiliados al sindicato y como activistas. Cautelar
mediante, el delegado de organización regresó a su lugar de trabajo. Pero su
equipo, del que Ernesto forma parte no, siguen al dia de hoy trabajando en el
edificio de Rentas, los cuales ya han presentado una denuncia en el INADI por
discriminación y persecución sindical. A esto se le sumó que cuando se
inscribió en el concurso para pasar a planta permanente (ya que es precarizado
desde hace 5 años) lo rechazaron por un problema de papeles, es decir por su
condición de exiliado político, por tener que usar otro nombre durante esos
años por seguridad, siendo menor de edad y realizando su formación academica
con otra identidad. A causa de todo esto, hoy le siguen negando derechos.
2-Cómo reaccionan los cros. De
trabajo de Ernesto? Supongo que habrá otros casos.
Sus compañeros lo apoyan, y ven claramente que
es injusto y burdo como se viene manejando el GCBA. Otros casos de persecución
claramente hay tambien, pero este es el mas grosero y evidente.
3-Estuve viendo que van a presentar
una causa judicial. Se trataría de un intento de “contra judicializar” la cosa o, mejor dicho, que la justicia se haga cargo en su
obligación de protección tutelar de la ciudadanía. Parto de la base, no sé si
coincidís, en que el empleador, el Gobierno de la Ciudad en éste caso, con sus propias reglas sancionatorias,
estaría judicializando la cuestión. ¿Se
entiende?
Está iniciado el tramite administrativo
individual de los excluidos al concurso por diferentes motivos incluyendo el de
Ernesto. También como sindicato. Sabemos que es un tramite muy largo y que no
tenemos ninguna posibilidad de ganar, teniendo en cuenta los plazos, hoy mismo
se realizó el examen del concurso y Ernesto como los demas no pudieron hacerlo.
El concurso sigue adelante, pero nosotros lo vamos a denunciar por todas las
irregularidades y de ahí la necesidad de que tome estado publico, la difusión
es lo que nos ayuda a evidenciar la situación de impunidad, via jurídica lleva
demasiado tiempo, sumado a que claramente es el mismo Estado al que se denuncia
el que deberia velar por los derechos.
4-¿Qué esperan de los medios de
comunicación?
Esperamos que los medios lo difundan, para poder
mostrar la violación tanto de los derechos humanos, como tambien la discrecionalidad
con la que esta acostumbrado a manejarse el gobierno, precarizando los puestos
de trabajo y persiguiendo a los que piensan diferente.
5-¿Tienen previstas otras
acciones en lo inmediato?
Ademas de realizar una conferencia de prensa el
miércoles 19 de marzo proximo, a las 11 hs en la legislatura, en 15 dias
tenemos una asamblea donde decidiremos una proxima medida de lucha, pero para
eso nos estamos preparando.
6- Lo que quieras agregar.
Gracias a vos por ayudarnos a
difundir. Estamos en contacto, cualquier cosa que no quede claro no dudes en
comunicarte.
situación particular de exilio
Ernesto
Angel Abus nació en Buenos Aires el 7 de Julio de 1970, en marzo de
1976 debió exiliarse junto a sus padres al ser estos perseguidos por
razones políticas (las razones del exilio se encuentran mencionadas en
el Dictamen de la Procuración General de la Nación que da pie al fallo
de la corte más abajo mencionado). Regreso al País en 1993; en el año
1990 terminó sus estudios secundarios en Cuba donde residía bajo el
nombre de Ernesto Roy. Las causas de usar “nombre falso” se encuentran
mencionadas y justificadas en el juicio sumarísimo anexado; pero
básicamente podrían resumirse en la búsqueda de la protección de los
perseguidos en cuestión, en un Estado terrorista que practicaba el
secuestro y asesinato selectivo tanto
dentro como fuera de sus fronteras.
En
2005 inicia trámites para ser reconocido como exiliado político y
víctima del terrorismo de Estado, cuestión que se le resuelve
favorablemente a través de la sentencia nº A. 1248. XLIV de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el año 2011, que dictamina que es
situación es análoga a la resuelta en la causa "Yofré de Vaca Narvaja"
(Fallos: 327:4241), en esencia: que debió exiliarse, al peligrar su vida
causa directa de persecución por razones política. En 2013 inicia un
juicio sumarísimo para establecer que Ernesto Abus y Ernesto Roy son la
misma persona y por lo
tanto toda la documentación corresponde.
En
2009, ingresó a trabajar a la Dirección General de Estadística y Censos
del GCBA como programador con un contrato precario anual. Este contrato
de locación de servicios fue renovado año a año hasta la fecha. Nunca
hubo ningún inconveniente. Sin embargo, cuando Ernesto se inscribe en el
concurso público y abierto para su puesto específico, se encuentra con
que le rechazan la inscripción por problemas de “papeles”, por no tener
secundario. Es decir, por su carácter de exiliado, por lo que ha tenido
que pasar en su infancia, por tener que renunciar a su identidad por la
persecución política que sufrieron sus padres a causa del terrorismo de
Estado ejercido en la última dictadura militar, hoy el GCBA nuevamente
lo persigue, lo excluye y le niega derechos. Los argumentos esgrimidos
por las autoridades son formalismos inaplicables a la situación
particular. Si las autoridades son consecuentes están obligadas
administrativamente a rescindir su contrato, ya que en la municipalidad
no pueden desempeñarse personas en cargos técnicos sin secundario
completo.
Para
mayor información de la parte jurídica-administrativa se anexan el
sumarísimo y la disposición confirmando el rechazo por escrito, los
fallos de la corte suprema son públicos y se encuentran en el sitio web
de la misma.
antecedente de persecución y discriminación en la repartición
Independiente
de este caso particular, las autoridades de la repartición tienen
varias citaciones en la legislatura por conflictos con sus trabajadores.
En
el año 2010 encuestadores de la Encuesta Anual de Hogares (principal
indicador sociodemográfico de la ciudad) organizan un pliego para
reclamar a las autoridades mejoras en sus condiciones laborales, en lo
corto que duró este intento se les negó a estas personas todo diálogo, a
los que identificaron como “cabecillas” o “alborotadores” se prescindió
de sus servicios, pese a exponerse como voceros los trabajadores de más
calidad y productividad, el costo económico inmediato a la gestión
pública fue una significativa merma en la calidad de la recolección de
datos primarios en la onda siguiente; el único costo político que
debieron pagar por este despótico acto fue la denuncia pública por parte
de los afectados y un tibio
pedido de informe en la legislatura.
A
comienzos de 2012 se conforma una junta Interna, esta vez con profunda
inserción entre los trabajadores de todos los sectores y etapas de la
producción de estadísticas, amparada por el sindicato ATE; la reacción
fue desconocer formalmente su existencia, armar una estructura
“sindical” paralela y afín, con los funcionarios del área de personal y
una constante campaña de amedrentamiento y persecución; que incluyó la
remoción y traslado de jefes “permisivos”, rebajas de salarios y quita
de beneficios a delegados, afiliados y simpatizantes, llegando a su
máxima
expresión con el insólito despido de la delegada general, Tamara
Lescano, la cual tuvo que ser reincorporada al poco tiempo en el lógico
fallo de la justicia laboral, pagando el Gobierno todos los gastos.
En
2013 el Ministerio de Trabajo reconoce la legalidad de la Junta
Interna, pese a ello las autoridades reiteradamente negaron su
reconocimiento en el plano concreto, hasta el punto de trasladar al
delegado Martín Rampoldi a otra repartición, lo cual nuevamente es
resuelto en el plano de la justicia laboral en contra de la autoritaria
gestión, en este periodo se fueron acumulando pedidos de explicaciones,
denuncias públicas, presentaciones en el INADI, petitorios, etc; todo a
disposición del que pueda interesarse.
Concurso DGEyC 2013/14
En
el año 2013 las autoridades de la dirección convocan a un concurso
público y abierto para 75 plazas, en la dirección alrededor del 55%,
unos 250 trabajadores, son contratados en clara situación de fraude
laboral, muchos con más de 10 de antigüedad y, en un caso extremo, con
17, además del personal que participa en eventuales operativos.
En
principio se rechaza el pedido de veeduría gremial formalmente
solicitada, ello, se hizo evidente, para poder cometer una serie de
irregularidades de la forma más impune posible: inclusión de familiares
directos de más de la mitad de los miembros del comité evaluador.
Rechazo de los profesionales de la dirección, mientra que externos y
“desinformados” son admitidos, en una insólita cláusula que atenta
contra la excelencia en la gestión y desalienta la superación académica.
A Laura Leguizamón (trabajadora de 15 años de antigüedad) se la rechaza
por tener un título terciario, incluso siendo éste incompatible con las
funciones realizadas. Una absoluta falta de transparencia, donde no
existen puntajes en las distintas etapas,
ni listas, ni forma alguna de cerciorarse los participantes de cómo se
van desempeñando. El comité de selección, integrado exclusivamente por
funcionarios de la gestión, hasta negaron el recurso jerárquico a los
numerosos concursantes que recorrieran sus arbitrarios fallos. Además
del caso de Ernesto Abus donde claramente se comete discriminación
política, violando el artículo 2º de la declaración Universal de los
DDHH, y revirtiendo la voluntad del Estado de enmendar parte de los
daños causados por el terrorismo de Estado.
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